AENA y Fomento: ¿se indultan las compañías aéreas?

AENA y Fomento: ¿se indultan las compañías aéreas?

Una investigación de la UDEF exigida por la Audiencia Nacional, puso en evidencia que AENA dejó de transmitir al Ministerio de Fomento el incumplimiento de las compañías aéreas.

Una serie de organizaciones al servicio del consumidor hicieron un llamado de atención al ministro de Fomento en funciones, Rafael Catalá, a quién se le exige que asista al Congreso de los Diputados y justifique las sanciones multimillonarias dispensadas a las empresas aéreas debido a que los Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) han desconocido completamente los múltiples incumplimientos con respecto a las franjas horarias asignadas para volar (los slots aeroportuarios).

Dichas organizaciones examinan que este altercado debería crear una comisión de investigación en el Congreso. En ella deberán comparecer los responsables de Fomento y de AENA desde el momento que se iniciaron las irregularidades investigadas por la Audiencia Nacional.

Se da comienzo a una exploración en septiembre del 2015 a propósito de una acusación realizada por un trabajador de AENA quién sostiene que, desde hace más de 10 años atrás los encargados de la División de Coordinación de Slots no inhabiliten a algunas compañías aéreas pues estas, cesaron todo tipo de informes con respecto al incumplimientos presentados a la Dirección General de Aviación Civil – actualmente conocidos como Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)

Explicaciones de los cuatro últimos ministros de Fomento

Las organizaciones a favor de los consumidores sopesan que el Ministro de Fomento Rafael Catalá, en conjunto con sus tres predecesores en el cargo, los socialistas Magdalena Álvarez y José Blanco junto con la popular Ana Pastor, quienes deberán esclarecer bajo qué protocolos ha sido llevada la información que AENA facilitaba según la ley y superponer las pertinentes penalidades. La investigación de la UDEF llegó hasta el 2014 y engloba a los gobiernos de PSOE y PP.

Las terribles anomalías investigadas por la Audiencia Nacional ha supuesto un desmesurado quebrando al fisco público y una absoluta tolerancia con los fraudes padecidos por los pasajeros.

Varias empresas han ignorado por completo la legislación europea beneficiándose de la falta de control y de sanciones. Solo una mínima cantidad de usuarios han sido remunerados con 250 y 699 euros según lo establecidos por el reglamento europeo. De encontrarse una fórmula para manejar el cumplimiento de la normativa por parte del fomento, las medidas serían acreditadas automáticamente por las empresas sin necesidad de que los afectados tuvieses que presentar quejas al respecto.

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