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Unión Europea prohíbe los recargos por pago con tarjeta

Unión Europea prohíbe los recargos por pago con tarjeta

Un nuevo paso hacia la protección del consumidor entró en vigencia desde enero en la UE a través de la directiva europea de servicios de pago. Conocida como PSD2, tiene como objetivo elevar la protección del consumidor y de las empresas modernizando las fórmulas de pago en el continente y trayendo novedades importantes para los consumidores.

 

Cambios de normativa 

Al entrar en vigor la nueva normativa, los negocios se verán en la obligación de indicar de forma visible el método de pago aceptado en el establecimiento, algo que antes se hacía sólo al aceptar el pago electrónico a partir de una cantidad mínima. El uso de un punto de venta electrónico actualmente es opcional; sin embargo, ahora los negocios estarán obligados a ofrecer al consumidor una alternativa de pago además del efectivo a partir de los 30 euros. Esto no implica que deban disponer de un terminal de punto de venta tradicional: los establecimientos podrán decantarse por cualquier otro nuevo medio, como los conocidos como “servicios de iniciación de pagos”, una categoría en la que se incluyen las nuevas herramientas desarrolladas por las tecnofinanzas o fintech.

 

Protección al consumidor

La responsabilidad máxima que tendrán que asumir las víctimas de robo se verá reducida a una tercera parte, pasando de 150 euros a 50. Igualmente se reforzará la seguridad de los pagos online al solicitar al usuario que valide su identidad de dos formas distintas como con la huella y el código PIN, por ejemplo; también, la cantidad de dinero a retener ante el bloqueo de dinero de una cuenta debe ser previamente consentida por el cliente. Otra de las nuevas reglas europeas trae el fin a los recargos o cargos adicionales al cliente que se le imponían al hacer compras con tarjeta de crédito o débito, una medida que podía costar más de 550 millones de euros al año a los consumidores, y el consumidor tendrá derecho a solicitar al banco la devolución de cualquier pago durante un período de ocho semanas, sin condiciones.

 

El proceso para trasladar la directiva europea PSD2 a su ordenamiento jurídico ha empezado con retraso por parte de España, al margen de la demora que se espera termine para finales de año –sin tomar en consideración que el cambio de Gobierno la atrase un poco más–, el sector comercial ha afirmado estar tranquilo con los cambios legales que se avecinan en cuanto a los medios de pago aunque en el anteproyecto de ley no se establezcan limitaciones ni se regulen los costes por el uso de los servicios de pago electrónicos, preocupación que se mantiene vigente desde hace tiempo pues España está entre los países con las comisiones más caras a los negocios por el uso de las tarjetas de crédito.

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